El Departamento de Justicia Resuelve Denuncias Motivadas por Discriminación en la Vivienda Basada en una Discapacidad con Propietarios y Promotores Inmobiliarions de 11 Complejos de Apartamentos en Puerto Rico

WASHINGTON, D.C. – El Departamento de Justicia anunció hoy que los propietarios y promotores inmobiliarios de 11 complejos de vivienda multifamiliares en Puerto Rico, cuyos edificios incluyen más de 650 unidades de alquiler, han acordado pagar un total combinado de $335.000 con el fin de resolver denuncias de que ellos habían vulnerado la ley de Vivienda Justa y la ley de Estadounidenses con Discapacidades al construir complejos de apartamentos que no eran accesibles para personas con discapacidades. Como parte del acuerdo, las compañías también acordaron realizar readaptaciones sustanciales para eliminar barreras a la accesibilidad.

Dos Órdenes de Consentimiento separadas, las cuales todavía necesitarían ser aprobadas por el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico, resuelven los pleitos que el Gobierno presentó ante el tribunal, junto con las Órdenes de Consentimiento contra los promotores inmobiliarios radicados en Puerto Rico, Fernando L. Sumaza & Co. Inc. y Star Management Corp. y sus empresas filiales. Conforme los términos de los acuerdos, los acusados deberán tomar medidas correctivas extensas para hacer que los complejos sean accesibles para personas con discapacidades. Estas medidas correctivas incluyen el reemplazo de porciones de la acera cuya inclinación es excesiva, la instalación de vías peatonales y rampas en las aceras con la inclinación apropiada para permitir a personas con discapacidades el acceso desde la acera y las zonas de estacionamiento a las viviendas, el reemplazo de los armarios en los baños y las cocinas para permitir suficiente espacio a personas en silla de ruedas y la eliminación de barreras a la accesibilidad en zonas públicas y de uso común en los complejos. Los acusados pagarán un total combinado de $325.000 para establecer dos fondos de indemnización para compensar a individuos con discapacidades que han sido afectados por las vulneraciones relacionadas con la accesibilidad. Por otra parte, se pagará una sanción civil de $10.000 a los Estados Unidos.

«La ley de Vivienda Justa y la ley de Estadounidenses con Discapacidades prohíben la discriminación por motivos de una discapacidad y garantizan los derechos de personas con una discapacidad a acceder a la vivienda de su elección», declaró Eric Dreiband, Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles. «El Departamento de Justicia seguirá haciendo de manera agresiva que estas leyes se cumplan para asegurar que las viviendas residenciales multifamiliares se construyan con características accesibles».

«El acceso a una vivienda libre de discriminación es un derecho de todo estadounidense y es algo fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades», afirmó el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow del Distrito de Puerto Rico. «Este acuerdo es un ejemplo de los esfuerzos continuos de nuestra oficina por hacer cumplir las leyes antidiscriminatorias que protegen tales derechos».

Las Órdenes de Consentimiento también requieren que los acusados participen en una capacitación sobre la ley de Vivienda Justa y la ley de Estadounidenses con Discapacidades para garantizar que toda futura construcción de viviendas multifamiliares cumpla con estas leyes y para entregar informes periódicos al Departamento de Justicia. 

Los 11 complejos en cuestión, todos de los que fueron construidos con el apoyo financiero del programa del gobierno federal de Crédito Fiscal para la Viviendas para Personas de Bajos Ingresos u otros programas federales, son:

Propiedades afiliadas a Fernando L. Sumaza & Co.

• La Inmaculada Elderly Center, San Juan, PR
• Marie Gardens, Cabo Rojo, PR
• San Cristobal, San Juan, PR
• San Fernando Elderly Center, Mayagüez, PR
• Virgen del Pozo, Sábana Grande, PR

Propiedades afiliadas a Star Management Corp.

• Florida Elderly Center, Florida, PR
• Isabela Elderly Center, Isabela, PR
• Monserrate Elderly Center, PR
• Morovis Elderly Center, PR
• Patillas Elderly Center, Patillas, PR
• Sunrise Elderly Center, San Juan, PR

Las personas que tengan derecho a recibir una parte de los fondos del acuerdo serán identificadas por medio de un proceso establecido en las Órdenes de Consentimiento. Aquellas personas que creen haber sufrido daños y perjuicios a causa de las condiciones inaccesibles de cualquiera de estas propiedades, ya sea cuando ellas o alguien asociado con ellas vivían allí o se planteaban vivir allí, deberían comunicarse con el Departamento de Justicia. Para propiedades afiliadas a Fernando L. Sumaza & Co., Inc. llame gratuitamente al 1-800-896-7743 buzón 6 o envíe un correo electrónico a dojclaim822@usdoj.gov. Para propiedades afiliadas a Star Management, llame gratuitamente al 1-800-896-7743 buzón 9 o envíe un correo electrónico a dojclaim530@usdoj.gov.

La ley federal de Vivienda justa prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de discapacidad, raza, color de piel, religión, origen nacional, género, discapacidad o estado familiar. Entre otras cosas, la ley de Vivienda Justa requiere que toda vivienda multifamiliar construida después del 13 de marzo de 1991 disponga de las características básicas de accesibilidad, lo que incluye vías de acceso sin escaleras a todas las unidades de la planta baja y unidades accesibles a personas en silla de ruedas y a otras personas con discapacidades. Promulgada en el año 1990, la ley de Estadounidenses con Discapacidades requiere, entre otras cosas, que instalaciones públicas, tales como oficinas de alquiler en complejos de viviendas multifamiliares diseñados y construidos para una fecha de primera ocupación de los mismos posterior al 26 de enero de 1993, sean accesibles a personas con discapacidades. 

La aplicación de la ley de Vivienda Justa es una prioridad de la División de Derechos Civiles. Para más información acerca de la División de Derechos Civiles y las leyes que hace cumplir, vaya a https://www.justice.gov/crt.